Luchemos por los derechos de nuestros Pibes

Scioli se va quedando solo
Miércoles 29 de octubre de 2008, por Carlos Fanjul
La propuesta del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes para combatir a la inseguridad, recibió el rechazo de amplios y variados sectores de la vida política y jurídica del país. Lo curioso es que también se distanciaron de su idea la presidente de la Nación, el ministro nacional de Justicia y hasta miembros de su propio gabinete.
Hasta la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, salió al cruce del vapuleado titular del Poder Ejecutivo provincial. “No se combate la inseguridad con leyes más terribles y más duras”, aseguró la primera dama, a manera de reto de su lugarteniente bonaerense.
También Anibal Fernández, ministro de Justicia de la Nación salió a poner freno al proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los chicos menores de edad. A través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, fustigó, sin dar nombres, a "charlatanes que venden recetas mágicas y que le mienten a la gente". Las definiciones de Fernández cobran una fuerte trascendencia política, ya que quien impulsa esa medida es el gobernador Daniel Scioli, quien a través de sus ministros iniciará hoy contactos con diputados nacionales en busca de que el Congreso apruebe esa reforma al Código Penal para que los chicos menores de 14 años puedan ser juzgados penalmente.
Pese a sus dichos filosos, el ministro aclaró que "no quiero confrontar" con aquellos que opinan distinto y señaló que bajar la edad de imputabilidad "sólo generará que haya más pibes detenidos". "Hay que atacar la causa y no el efecto", sostuvo el ministro y expresó que "hay que tener una ley adecuada para la delincuencia juvenil". Y tras remarcar que desde el ministerio "hacemos muchísimo para mejorar la seguridad, como las inversiones en personal y elementos tecnológicos modernos", indicó que "hay que seguir trabajando para mejorar las políticas preventivas".
Martha Arriola, miembro del gabinete de Scioli, desde la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, del ministerio de Desarrollo Social “Hay que detenerse a pensar en la responsabilidad de los adultos respecto de la situación que viven los pibes de entre 12 y 20 años, que están en situación de pobreza y de exclusión. A ellos los hacemos vivir en un contexto de violencia diaria, porque es violento el hecho de carecer de todo. Ante eso, los pibes reaccionan y practican las mismas reglas de juegos en que los hacemos vivir. Son víctimas de la sociedad que generamos, que luego cometen delitos. Las estadísticas nos demuestran que la mayoría fue víctima de abuso sexual infantil, o de maltrato de los mayores, y de falta total de atención en materia de salud y educación
En la provincia tenemos un sistema de responsabilidad penal juvenil muy bueno, de avanzada respecto de la ley nacional. Costó muchos años de luchas militantes
En otros lugares del mundo, estos procesos de integración, de inclusión, dan resultados brillantes a la hora de medir los hechos delictivos. Es perversa la actitud en la que nos posicionamos como sociedad. Las cifras que se largan están totalmente afuera de la realidad, hacerlos responsables es una barbaridad.
También Argibay cuestionó la postura de la Provincia
El debate sobre la de edad de imputabilidad de los menores agregó una voz esperada. La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay renovó su postura crítica frente a la posibilidad de bajar ese límite.
La discusión volvió a tomar fuerza en los últimos días frente a los reiterados casos de inseguridad y por la iniciativa del gobierno bonaerense de bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos graves.
La jueza calificó ese tipo de propuestas como “reacciones virulentas” que “no dan resultado”. Argibay insistió en la necesidad de impulsar “planes sociales” vinculados con la “educación y la inclusión” de estos menores para evitar que “estén abandonados”. Sostuvo que la solución frente a la inseguridad “no está en bajar la edad (de imputabilidad), ni en subir las penas. Ya se ha demostrado mil veces que esto no da resultados”, advirtió.
La jueza también se refirió al estado crítico de los institutos de menores. “Tampoco es solución decir: Vamos a cerrar los institutos de menores, porque, ¿dónde los vamos a poner? ¿Los vamos a poner en la calle otra vez?”, se preguntó.
“Hay que tener cuidado con esto porque tenemos estas reacciones viscerales sin pensar en las consecuencias. Los institutos así como están no sirven. Hay que hacer otra cosa. Pero, mientras hacemos esta otra cosa, tenemos que pensar dónde ponemos a esos chicos”, afirmó.
Juez Luis Federico Arias
Creo que la propuesta del gobernador no es una solución. Se trata de una medida espasmódica, es una medida desesperada en la agenda instalada.
Surge el interrogante de que medidas tomamos antes para prevenir y para darle asistencia a estos niños. Estamos hablando de un problema social y no podemos vivir criminalizando todas las cuestiones sociales, porque de ese modo vamos a estar vamos a tener más de la mitad de la población en la cárcel
Yo siempre digo que no es verdad que los pobres no tienen acceso a la justicia, sí que lo tienen pero casi siempre solo a la justicia penal. Yo voy a creer en la justicia el día que también vea a empresarios y a funcionarios presos, pero lamentablemente la gran mayoría de la población carcelaria son personas en grave estado de vulnerabilidad
María del Carmen Falbo, procuradora general bonaerense
“En 2004 pidieron endurecer las leyes, ¿y qué arreglaron?”.
Más rechazos:
Carlos Bigalli, ex asesor de menores de San Isidro y actual docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo que lo primero que habría que saber es qué se entiende por “imputabilidad o inimputabilidad”, aunque señaló que “en los discursos del poder, lo que significa en la práctica es aplicar a los menores que no cumplieron los 18 años el régimen penal que se aplica a los adultos, lo que es inconstitucional porque vulnera lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, de la que el Estado argentino es garante.
Laura Mussa, asesora de los tribunales de menores de la Capital Federal, criticó las “respuestas espasmódicas, tomadas sobre la emergencia, que ya han fracasado en épocas recientes, y que sólo sirven para que los chicos ingresen muy temprano al sistema penal que tenemos y que tampoco brinda respuestas serias al problema”.
Por su parte, Gustavo Palmieri, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, (CELS), aseguró que “centrar la atención en la edad de imputabilidad de los menores como principal eje de las políticas de seguridad no tiene coherencia. Es no responder a un problema que tiene que ver con otros causales, principalmente con la falta de políticas preventivas y con la falta de investigación judicial sobre las redes de violencia que tienen como víctimas a esos chicos. Por otro lado, la modificación de la edad de imputabilidad no es decisión de la provincia sino algo que se debe determinar a nivel nacional. Y la realidad es que Argentina está muy lejos de pensar en solucionar la situación penal de sus chicos y jóvenes. Si bien se aprobó la Ley integral de protección y promoción de los derechos del niño, es necesaria una ley penal juvenil con la que se complemente y con la que pueda funcionar correctamente. Así, lo único que se logró fue un vacío penal generando una confusión entre los chicos con problemas asistenciales y los que tienen causas penales que no modificó en nada la situación judicial de los chicos. Hay varios proyectos de ley de responsabilidad penal juvenil en el Congreso nacional, pero están trabados, así que hasta que no se avance en el tema, hablar de bajar la edad de imputabilidad es un despropósito”.
Nora Schulman, Directora ejecutiva del Comité Argentino de la Convención internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), opinó que “la inseguridad es algo que preocupa y asusta a la gente. Por eso hay que trabajar en serio para dar soluciones y no responder esporádicamente ante hechos aislados. Medidas como la baja en la edad de imputabilidad sólo apuntan a calmar los ánimos de los habitantes, pero lo que consiguen es alentar el miedo. No hace más de 15 días, Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia presentaron un estudio que demuestra que la mayor cantidad de los delitos graves son cometidos por chicos mayores de 16 años, por ende está claro que no hace falta bajar la edad de imputabilidad. Lo que sí es necesario es implementar un buen sistema de políticas públicas preventivas que apunten a asegurar el cumplimiento de los derechos universales de esos pibes, que no permita que sean excluidos, que tengan educación, salud y alimentación. Y, por otro lado, en los casos en que sucedan los delitos, se necesita una buena ley penal juvenil que favorezca por encima de todo la rehabilitación y la recuperación de esos chicos. Bajar la edad de imputabilidad hace recordar al ‘efecto Blumberg’: lo único que conseguiría es llenar las cárceles de pibes.”
María del Carmen Verdú, Abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se preguntó: “¿Cuánto hace que se viene hablando del tema de la imputabilidad? ¿Cambió en algo la situación? No. Si vamos a hablar de inseguridad, miremos en primer lugar quién y dónde se produce. Está demostrado que en Argentina no hay actividad delictiva –desde el crimen organizado hasta el raterismo– que no presente algún punto de conexión con el sistema represivo del Estado. Enormes cantidades de hechos relacionados con la inseguridad, cada vez más personalizada en las figuras de los jóvenes, tienen que ver con zonas liberadas por la policía, y hasta incluso tienen como protagonistas a miembros de esa fuerza. Los ‘escuadrones de la muerte’ matan sólo a los chicos que no roban para ellos. O sea que mientras generan el delito, atacan y castigan al más pequeño eslabón. El sistema penal actual afecta a todos los chicos ya que lo último que hace es proteger sus derechos, y menos de los chicos pobres. Los chicos de familias de más recursos tienen un excelente abogado y, en caso de internación, terminan en una clínica privada donde los tratan mejor que en su casa. El problema es de los menores pobres y la solución para eso está en la modificación del esquema social.”
NOTA DE CAPITULO INFANCIA, DE PERIODISMO SOCIAL
Bajar la edad de imputabilidad, o el peligro de seguir acorralando a la infancia en riesgo
"Hay que bajar la edad de imputabilidad para delitos graves". Esa frase del gobernador bonaerense Daniel Scioli, dicha el miércoles pasado en una conferencia de prensa que ofreció para hablar de las acciones de su administración en materia de justicia y seguridad, logró reavivar un debate que siempre genera polémica y enfrentamientos: qué hacer con los chicos atrapados en el delito.
La reacción de la administración Scioli se produjo al conocerse que el presunto autor del asesinato de un hombre, en el partido de San Isidro, sería un chico menor de 15 años. ¿La propuesta del gobernador?: fijar la edad de imputabilidad “a partir de los 12, 13 o 14 años en los casos de delitos graves”.
El tema de la edad de imputabilidad penal aparece reiteradamente en las noticias, generalmente como reacción a un delito grave cometido por chicos y vinculado a demandas por mayor “seguridad”. Los reclamos suelen apuntar a los más jóvenes como los autores de la mayor cantidad de hechos delictivos -y cada vez más severos- y aparecen teñidos de mitos y falacias que muchos periodistas a veces fomentan recurriendo a testimonios poco idóneos que aseguran que los chicos acusados “entran por una puerta y salen por la otra” o que la justicia penal es más benévola con ellos que con los adultos.
Por ello, es necesario preguntarse ¿cuáles son las preguntas que quedan fuera del debate? ¿Cuáles son los aspectos de los que poco se habla? ¿Qué hacen las sociedades con los chicos que infringen la ley penal?; ¿qué falló antes de que un chico decida cometer un delito?; ¿cuál debe ser la finalidad de las medidas que se les aplica?; ¿qué políticas públicas hay de prevención?; ¿qué posibilidades de rearmar sus proyectos de vida tienen los chicos en los lugares de encierro?; ¿cómo erradicar prácticas institucionalizadas de maltratos, vejaciones y discriminación por origen social?
La cuestión es compleja y urgente, pero en las noticias y en el debate sobre el tema la discusión muchas veces se limita a la edad en la que los chicos en conflicto con la ley puedan ser juzgados bajo el Código Penal.
La CIDN y las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores recomiendan un ámbito especializado para juzgar a las personas menores de 18 años, porque se reconoce a los adolescentes como personas en desarrollo, en proceso de formación para la vida adulta y decide dar una segunda oportunidad a sus miembros más jóvenes. Esto supone que sí son responsables de sus actos pero que la reacción social no debe ser de mero castigo, sino procurar su integración, a través de sanciones especiales como amonestaciones, multas, reparar el daño, prestar servicios comunitarios o la libertad asistida.
Hoy, si un chico comete un delito antes de cumplir los 16 años no puede ser sancionado penalmente, de acuerdo con las leyes 22.278/22.803, de la última dictadura. Pero la realidad muestra que si ese chico es pobre termina igualmente privado de su libertad en instituciones carcelarias, debido a que el juez puede “disponer” de él hasta los 21 años si considera que se encuentra en “peligro moral o material”. Entre los 16 a 18 años, se los puede imputar y juzgar por delitos graves. Aún cuando la CIDN lo prohíbe, el encierro es la sanción más extendida y el país tiene la mayor cantidad de condenadas a cadenas perpetuas por crímenes cometidos por chicos de menos de 18 años.
En el Congreso existen muchos proyectos de ley para reformar con diversos enfoques este sistema arbitrario y contradictorio y están dadas las condiciones para no demorar más los debates parlamentarios para al fin tener un régimen penal juvenil nacional respetuoso de las normas nacionales e internacionales de infancia, que sea marco para las normas regionales. La provincia de Buenos Aires dio el primer paso y en 2008 ya comenzó a implementar el suyo.
Los periodistas debemos estar preparados y conocer los puntos cruciales de la discusión, más allá de la edad mínima de imputabilidad, para que la población pueda informarse, formarse una opinión más allá de los prejuicios. Es así como aparecen, muchas veces, en los medios de comunicación confusiones que complican el debate.
“Una de ellas es la diferencia entre imputabilidad y punibilidad”, asegura Diego Freedman, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y especialista en derecho penal juvenil. Agrega: “Para que una persona pueda ser sancionada debe ser imputable el delito. El concepto de imputabilidad tiene que ver con la capacidad de comprender la criminalidad de la conducta y dirigir las acciones de acuerdo a esa comprensión. Desde ya, la maduración y la formación que recibe una persona influye en la imputabilidad. Pero la imputabilidad debe analizarse siempre, puede darse el caso de un joven de 20 años, que por falta de madurez o por falta de formación no llegue a comprender la criminalidad de una conducta. A su vez, puede haber un niño de 12 años que sepa que una conducta es delito (por ejemplo, un hurto). La imputabilidad debe diferenciarse de la punibilidad, que es la posibilidad que tiene el Estado de castigar a una persona por un delito.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben establecer una edad mínima de punibilidad, o sea, una edad a partir de la cual las personas menores de 18 años de edad puedan ser castigadas. Los niños que no llegan a esta edad mínima no deben ser castigados y esto no depende de su imputabilidad (puede ser que comprendan la criminalidad de la conducta). La edad mínima debe ser fijada teniendo en cuenta una política criminal del Estado e implica una renuncia al castigo penal. Esta renuncia puede tener ver con cuestiones de justicia (porque resulta inhumano aplicar un castigo a un joven de muy corta edad) o porque no resulta conveniente disponer recursos económicos para incrementar el sistema penal en desmedro de políticas sociales que pueden ser útiles para superar estos conflictos (educación, salud, vivienda, asistencia social).
Según Freedman, hoy en día la discusión está limitada en la edad de no punibilidad. “Pero por ejemplo, no se piensa que hacer con los chicos que cometen delitos. ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado? ¿Qué medidas deben adoptarse? ¿Con qué recursos humanos y de infraestructura se cuentan? Debe tenerse en cuenta que si se amplía el campo de aplicación del sistema penal con una reducción de la edad no punibilidad va a implicar mayor cantidad de recursos destinados al castigo y no a políticas sociales. Sabemos que el castigo no disminuye los índices delictivos y que suele estigmatizar aún más a los jóvenes en conflicto con la ley penal”, aseguró.
Por ahora, las voces encontradas son muchas y cada vez se escuchan más fuerte. Pero sólo parecen ser eso: voces que se escuchan fuerte. Si hasta el propio Scioli admitió que “no tenía una postura definida sobre el tema y que pensaba que con sólo bajar la edad de imputabilidad “no se llega a la solución”.
El debate recién empieza.
El tiempo dirá.
Preguntas y respuestas sobre la justicia penal adolescente
¿Qué es? Es un sistema de administración de justicia que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber infringido la ley penal. Se caracteriza por la finalidad educativa y sancionadora de la pena, lo que, por un lado, permite la reparación del daño causado en cualquier fase del procedimiento y el consecuente archivo de la causa y, por otro, aconseja la menor restricción de derechos posible a la hora de imponer la sanción, siendo la privación de libertad el último recurso, sólo para infracciones muy graves y siempre por el menor tiempo posible.
¿Cuál es la finalidad? Administrar justicia de forma democrática; Fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal; Promover su integración social; Favorecer la participación de la comunidad en el proceso de reinserción social mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas.
¿Qué diferencia existe con el sistema de justicia penal para adultos? En la justicia penal adolescente prima la educación y la reinserción social del infractor, lo que obliga a establecer procesos rápidos y ágiles y a disponer de un amplio abanico de medidas socio-educativas que permitan cumplir con esa finalidad. A su vez, establece una serie de restricciones: la prohibición de pena de muerte y el encarcelamiento de por vida.
Otras de las singularidades frente al proceso penal de adultos son: la posibilidad de no iniciar el procesamiento, suspenderlo o resolverlo anticipadamente si se estima que puede causar al adolescente un perjuicio mayor que el que él causó; la posibilidad programas de mediación para reparar el daño o conciliarse con la víctima; la exclusión de la publicidad de juicio oral; la confidencialidad respecto a la identidad del acusado; la intervención de los padres o sus representantes; la inclusión de estudios psico-sociales que orienten al juez para la imposición de la medida.
Fuente consultada: FORO por los derechos de la niñez , la adolescencia y la juvntud de la provincia de Buenos Aires.

NIÑEZ EN LA MIRA

NIÑEZ EN LA MIRA

Debemos apostar al sistema de responsabilidad penal juvenil

UNA FUNCIONARIA DEL GOBIERNO DE SCIOLI ABRE EL DABATE SOBRE NIÑEZ


POR MARTHA ARRIOLA

Subsecretaria de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires

El gobernador Daniel Scioli acaba de convocar a un “debate profundo” sobre la edad de imputabilidad de los niños/as y adolescentes, propiciando el consenso alrededor de un proyecto para que “los legisladores vean cuál es el más propicio”. La Subsecretaría de Niñez y adolescencia no puede ni debe quedar al margen de este debate puesto que es el área específica del ministerio de Desarrollo Social de la provincia que, como autoridad de aplicación de las leyes que rigen el actual Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, es el órgano administrador que trabaja para lograr el cumplimiento de la actual normativa. No ya en el viejo rol que el sistema de patronato le encomendara, sino en un rol gestor y articulador de las políticas públicas que tienen como eje de intervención el “interés superior del niño”.
Este desafío implica la obligación de comunicar a la ciudadanía en su conjunto los avances, dificultades y requerimientos que el proceso implica. A casi 11 meses de asumir como equipo técnico político esta responsabilidad, es imperioso generar una transformación profunda. Después de años de lucha de muchos referentes y organizaciones especializadas en niñez y adolescencia, se terminó con la vieja normativa. Pero no con la profundidad necesaria, ya que la estructura estatal que pueda dar cumplimiento a tal empresa es deficitaria.
Es preciso avanzar con mayor celeridad en la puesta en marcha de todos los dispositivos que las leyes 13.298 y 13.634 obligan. La primera es la de promoción y protección integral de los derechos del niño, mientras que la segunda es la del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Recursos y rescate. Además, es preciso asignar rápidamente recursos y personal necesario para contar con equipos interdisciplinarios en cada Servicio Zonal y Local de Niñez y Adolescencia, que son los encargados de abordar a esta población en la búsqueda de restitución de derechos vulnerados. Como señaló el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, “hay que generar un plan Marshall para rescatar a los pibes que están hechos bolsa”.
Se requiere celeridad en la tramitación de los programas para esta empresa, entre ellos el Programa de Integración Comunitaria (PIC) destinado a niños/as y adolescentes de entre 12 y 20 años, en particular a aquellos que están en conflicto con la ley penal. Necesitamos conformar los dispositivos que el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil requiere. Buenos Aires es la única provincia que cuenta con esta normativa, aun sin estar sancionada la legislación nacional de fondo.
Es este sistema al que debemos apostar, porque se acaba de poner en marcha y aún no cuenta con los recursos necesarios para que opere en condiciones. Debemos mejorar con celeridad las condiciones en que se encuentran hoy los adolescentes privados de la libertad. No contamos con suficientes espacios de internación para adolescentes de 16 a 18 años ni con dispositivos socio-educativos suficientes para trabajar medidas alternativas a la privación de libertad.
Hemos avanzado, apenas, en la designación de personal para Centros de Referencia (Organismos que elaboran estrategias alternativas al encierro). Hoy no tenemos suficiente personal para trabajar en los centros cerrados. Faltan médicos que puedan trabajar las problemáticas de salud que generalmente presentan estos adolescentes.
Hora de transformar. Hemos elevado al ministro de Desarrollo Social una propuesta para jerarquizar el área de Niñez mediante la creación del Instituto Provincial de Niñez y Adolescencia como entidad autárquica. Entidad que no resigne su articulación con las demás áreas de desarrollo social, los municipios y la comunidad, sino que la profundice dándole más entidad para operar las transformaciones que la hora reclama.
Cabe mencionar el trabajo elaborado por la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Desarrollo Social de la Nación (elaborado con especialistas de provincias, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y de Unicef) llamado “adolescentes en el sistema penal-situación actual y propuestas de transformación”, y que fue presentado por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. Ese material constituye un diagnóstico serio de lo que estamos hablando y es una apuesta a la profundización de las políticas públicas que deben ser políticas de Estado.
Es bueno propiciar el debate sobre los temas que aún están pendientes de resolución. Pero es imprescindible poner en práctica los consensos alcanzados después de dos años y que hoy tienen rango constitucional en la Nación y en la provincia de Buenos Aires.

Violencia dentro de la familia Maltrato Infantil

“”

Este miércoles 29 de octubre se culminó con la última jornada de Capacitación que se venía desarrollando en la Cooperativa Agricola de Ramallo y que estuviera organizada por la Municipalidad de Ramallo y la Subsecretaria Provincial de Niñez yAdolescencia.
En esta oportunidad se trabajaron los siguientes puntos:
. Abuso Sexual Infantil ( ASI )
· Síntomas de Queme Profesional y de Equipo: “burnout” (físicos y emocionales)
· Factores Protectores (a nivel individual, nivel del equipo y a nivel de la red profesional)
· Responsabilidad Institucional – Consecuencias de los excesos y las faltas
· Trabajo en Redes (Principios orientadores del trabajo en red, las redes familiares, la integración de actores sociales relevantes, redes comunales en VIF, trabajo en equipo)
Estas Jornadas tienen la caracteristica de continuar fortaleciendo la consolidacion de los Equipos técnicos, Servicios Locales, y Organizaciones de la comunidad que trabajan día a día la problematica de la niñez .-

Se aprobaron proyectos para el área de niñez y adolescencia

Serán financiados por el gobierno provincial. Se trata de proyectos productivos, recreativos y educativos que estén en marcha o a crearse. Apuntan principalmente a integrar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Fueron gestionados por la subsecretaria de niñez y familia y el área de económica social de la municipalidad.
La funcionaria municipal Marcela Isarra, quien desde mediados de año está al frente de la subsecretaría de Niñez, Familia y Mujer, viajó hace algunos días a la ciudad de La Plata para gestionar distintos proyectos que pueden llevarse adelante con los sectores más vulnerables de la comunidad. Al regreso de su viaje, dialogó con EL NORTE y explicó los programas que han sido aprobados para Ramallo. Además de Isarra, también viajaron las trabajadoras sociales de la Subsecretaría y la responsable del área de economía social y producción de la municipalidad, Lorena Gómez. “Estuvimos trabajando en tres líneas de acción, la primera es el Programa de Integración Comunitaria (PIC), este es un programa que tiene por objetivo incluir aquellos chicos que están en situaciones de vulnerabilidad, integrarlos a la comunidad a través de distintas propuestas ya sea desde lo deportivo, recreativo, cultural, y educativo”. Por la integración de los jóvenes Para Ramallo han sido aprobados diez grupos de trabajo, conformados por unos diez adolescentes de entre doce y veinte años. Esos grupos, según explicó la funcionaria, fueron seleccionados por el Consejo Local que es quien monitorea las necesidades de estos sectores de la sociedad. Consultada acerca de cuáles serían las acciones que tendrían que llevar adelante estos jóvenes, dijo: “ahí es donde está el desafío. Por ahora estamos haciendo un trabajo de captación de los chicos dado que después hay que trabajar sobre las necesidades de ellos. La nueva ley del niño apunta fundamentalmente a escuchar a los niños y no imponerles ni proyectos ni tareas”, es decir que serán los propios jóvenes quienes propongan y decidan que actividad van a desarrollar. Además el programa incluye a dos operadores, quienes deberán ir monitoreando el trabajo de los grupos. “Estos operadores lo que harán es estar trabajando sobre los chicos, con las familias desde lo terapéutico, por lo que será todo un trabajo integral de donde surgirá un proyecto en el que los chicos quieran trabajar. Todo esto es porque el objetivo es tratar de incluirlos y que a través de esas propuestas todos terminen la escuela y puedan seguir estudiando”.Para financiar estos proyectos, la provincia se hace cargo del pago a los dos operadores, entrega una beca de unos 180 pesos a los jóvenes y además envía alrededor de 290.000 pesos para gastos. “Enganchate”Otro de los proyectos destinados a los jóvenes y que fuera aprobado para Ramallo es el Programa “Enganchate”. “Este es un proyecto en el que veníamos trabajando con la responsable del área de Economía social y producción Lorena Gómez, con quien realizamos además muchas salidas al territorio. Estamos visitando escuelas rurales, las secundarias básicas de las localidades dado que nos interesa conocer que está pasando y de qué manera desde el Estado municipal podemos colaborar. Ahí comenzaron a surgir muchas inquietudes y a través de esta área y la Subsecretaría conseguimos el financiamiento para este programa destinado a jóvenes y chicos que están con grupos conformados y con grupos trabajando. Hemos logrado también un financiamiento de $50.000 para siete proyectos que son muy interesantes. El objetivo también es sumar y apoyar a aquellos chicos que ya estén trabajando con proyectos dentro de la comunidad. Muchas veces necesitan de un empujoncito más allá del acompañamiento que nosotros podamos hacer desde lo técnico, y están necesitando ese empujoncito económico para que esos proyectos puedan seguir su camino. Nosotros presentamos 7 proyectos y estamos felices porque hemos hecho un lindo trabajo en las escuelas. Presentamos un proyecto de radio escolar de la Escuela Media Nº 1, un proyecto de circo de un grupo de jóvenes de Ramallo, un grupo de ESB 1 que es de comedia musical; de la Escuela Técnica presentamos dos proyectos que tienen que ver con la elaboración de dulces, otro es para el potabilizador de agua de la escuela de los Hornillos en la zona de islas y otro para la escuela ESB Nº 7 de Villa General Savio para la elaboración de dulces”. Para estos proyectos, según indicó la funcionaria, en caso de que sean aprobados el gobierno provincial enviará 50.000 pesos que podrán ser utilizados tanto para capacitación como para la compra de materiales e insumos.Al cierre del contacto, la funcionaria aseguró que todo esto ha sido posible puesto que “desde el gobierno municipal hay una impronta muy importante de darle el valor que merecen las políticas de niñez y adolescencia. También veo ese camino al Concejo Deliberante porque no hubiera servido de nada estar en la Subsecretaría de Niñez si no contara con el respaldo del gobierno municipal y con el Concejo Deliberante mismo, quien refrendó la adhesión del Ejecutivo a la nueva ley del
Fuente: Diario "El Norte

PREMIO MUJER INNOVADORA 2008

En el marco del " PREMIO MUJER INNOVADORA 2008 " , la Municipalidad de Ramallo, a través de la Subsecretaria del Menor, la Mujer y la Familia , presentó en su oportunidad la postulación de cuatro mujeres que se destacan en nuestra comunidad. Ellas fueron : Por su labor en docente y social: Ernestina Bartolomé de Frías. Labor en comunicación: Mirta Capozuca. Labor en organizacion barrial: Blanca Alicia Correa. Acción Política : Elfrida de Rosa.
La comisión destinada a evaluar las postulaciones, eligió a ELFRIDA DE ROSA por haber sido una de las primeras concejalas del Partido de Ramallo y Primer Presidenta del Honorable Concejo Deliberante.
MAs allá de su trabajo en la Biblioteca Fortunato Zampa.
El día 7 de octubre se llevó a cabo la entrega de los Diplomas en el Recinto del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.
Consultada al respecto la Subsecretaria MArcela Isarra expresó: " hechos como estos nos hacen reflexionar cuan importante sigue siendo la labor de las mujeres , que día a día construyen redes de trabajo, esperanza y acción permente. Demostrando la capacidad de generar cambios profundos desde el ámbito donde participen"